Derechos políticos de las mujeres en Venezuela

Gisela Giménez

La paridad es el poder compartido entre mujeres y hombres, la paridad es igualdad.

La Constitución Bolivariana de Venezuela (1999), consagra principios, valores y derechos fundamentales que habían sido suscritos por la Republica en diversos instrumentos internacionales, tales como, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 2-1, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, articulo 2, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, articulo 2-1, la Convención de la Naciones Unidas contra toda forma de Discriminación contra la Mujer (1979), Declaración contra la Discriminación contra la Mujer (1976), Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1952), Plataforma de Beijing, entre otros tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la Republica.

Durante el proceso constituyente fueron muchos los documentos presentados por las mujeres y feministas venezolanas con el objetivo de resumir propuestas que desde una perspectiva de género, consagraran los derechos humanos de las mujeres como principios, valores y derechos constitucionales y para que la nueva Constitución creara el marco para un nuevo Estado o República, en el cual la participación estuviera garantizada, por ello era necesario que los derechos de las mujeres y la perspectiva de género conformaran un eje transversal. Fue así como, además del uso del lenguaje inclusivo o no sexista, contiene varios artículos que dejaron sentada esa visión feminista que puede ser constatada en los artículos 1º, 2º, todo el Título III, los artículos75º, 77º,  88º, 103º, 152º, 293º y 326º, entre otros.

Los derechos políticos, están contenidos en el Capítulo IV de la Constitución Bolivariana

Artículo 62: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.  La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”.

 El artículo 63 afirma que: “El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de personalización del sufragio y la representación proporcional”.

Y el artículo 64, establece: “Son electores o electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política (…)”, y así, van los artículos siguientes desglosando el ejercicio del derecho al sufragio, a la participación, a la manifestación pacífica, al protagonismo del pueblo, a la asociación con fines políticos.

Fundamentos constitucionales de los derechos políticos de las mujeres.

La Constitución de 1999 es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico venezolano, por lo que todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a ella, así se establece en el artículo 7.  La Constitución está transversalizada por el principio de igualdad paritaria de género, lo cual se evidencia no sólo por el lenguaje inclusivo en la que se encuentra redactada,  sino por la manera como la carta magna recoge dicho principio que no se agota en la concepción de la igualdad ante la ley, ni siquiera en la igualdad de oportunidades, sino que va más allá, aspira al logro de la igualdad material o igualdad de facto, cuando enuncia en su artículo 2 que Venezuela se constituye en un Estado social y democrático, de Derecho y de Justicia.

Al analizar ese artículo, en concordancia con el enunciado y el numeral 1 del artículo 21, que establece: “Todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia: 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona”, constatará que la regla es la igualdad paritaria y la excepción viene dada en el numeral 2 de ese mismo artículo 21. Dicho numeral establece lo siguiente: “La Ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva, adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.

En el ámbito de los derechos políticos y especialmente cuando hablamos del derecho al sufragio, aunque la igualdad ante la ley ha sido una constante en la historia constitucional, desde el año 1811, el sufragio para las mujeres apenas vio la luz en 1945, para las elecciones municipales y en 1947 para las elecciones presidenciales, por lo que, en estricto sentido, fue en el texto constitucional de 1947 donde por primera vez las mujeres pudieron asomarse al ejercicio de la ciudadanía, aunque de manera limitada. Luego, en los textos constitucionales posteriores se siguió consagrando la igualdad formal y el derecho al sufragio, hasta lograr el salto cualitativo que ha significado la Constitución de 1999.

 Con la Constitución Bolivariana pasamos de la democracia representativa a la democracia, protagónica y participativa, logrando con ello trascender de la igualdad formal o igualdad ante la ley al postulado indeclinable de la igualdad material o justicia. Consagrada en la Constitución la igualdad de los hombres y las mujeres, como electores y electoras, actualmente tenemos el deber de desarrollar y materializar ese derecho.

La paridad como correlativo del derecho a la igualdad.

El género humano tiene sexo y hay tantas mujeres como hombres. La paridad comenzó a evidenciarse en la década de los ochenta y hoy es una condición fundamental de toda democracia que presuma de ser tal, según lo han expresado las feministas. En este sentido, en las concepciones contemporáneas sobre la democracia se afirma que sólo es posible lograr la paridad, asegurando la inclusión, sobre el principio de la igualdad política

 Si las mujeres no tenemos la oportunidad de participar en el gobierno, en el ejercicio del poder, en condiciones de paridad con los hombres, no seremos promovidas y tomadas en cuenta por aquellos que gobiernan y que toman las decisiones. Recordando a la lideresa Argelia Laya: “¿con los ojos de una mujer?”. Sólo una mujer puede ver con los ojos de mujer, si tal y como sabemos, las necesidades y las experiencias de las mujeres no son las mismas que las de los hombres

La democracia paritaria es la que consagra la Constitución Bolivariana, o sea, la democracia que se sustenta sobre la igualdad perfecta, tiende al propósito de que exista igualdad en el acceso y la permanencia de las mujeres en la política. A dicho objetivo se han opuesto, de manera tradicional los partidos políticos.

Los partidos políticos son pactos interclasistas, no pacto intersexuales y así está diseñada la sociedad patriarcal. A la mayoría de los partidos políticos no les interesan las experiencias históricas y personales de las mujeres, por lo que es necesario avanzar en leyes que no privilegien los derechos políticos de unos sobre los derechos políticos de las otras

Los partidos políticos que fueron surgiendo en las distintas sociedades asumieron el paradigma tradicional, anclado en el androcentrismo, y en correspondencia con dicho paradigma, han sostenido la concepción de lo humano centrada en el hombre-varón, en sus necesidades, intereses y decisiones. La estructura aún vigente en los partidos así lo demuestra.

En esa estructura piramidal de los partidos, la mayoría de las mujeres están en la base, desapareciendo progresivamente en la medida que se asciende a las posiciones relevantes o de ejercicio del poder al cual llegan muy pocas. Esta debilidad no tiene excepción de ideologías. Los partidos políticos siempre han considerado que los asuntos del PODER, corresponden a los hombres y que las mujeres se ocupan de cosas subalternas, siempre en beneficio de los hombres. Por eso, los partidos políticos, relegan a las mujeres a comisiones o secretarias que denominan “Asuntos de la Mujer”, obviando que los asuntos de las mujeres, son los asuntos de más del cincuenta por ciento del pueblo. Son asuntos de la República y no es justo ni democrático que nuestras demandas, sean decididas por el patriarcado.

Ni siquiera aquellas mujeres comprometidas con los reclamos de sus hermanas de género y con la democracia paritaria, que han despuntado incluso por encima de los hombres con un liderazgo indiscutible, como fuera el caso de Argelia Laya, elegida por la base como Presidenta de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), han podido ejercer el poder real, ni avanzar con la agenda feminista en la normativa y la estructura de sus partidos porque fueron saboteadas, en claro desacato a la voluntad de las bases populares.

Hablar de igualdad paritaria de género y de alternabilidad en los cargos de elección Popular supone para los partidos políticos un verdadero dolor de cabeza. Han estado y siguen estando de espaldas a las mujeres y no se han percatado que las mujeres vienen avanzando para transformar una realidad que discrimina y vienen construyendo mayoritariamente el Poder Popular en nuestro país.

El proceso Bolivariano tiene que lograr una sociedad más democrática en la que las ciudadanas  seamos ciudadanas de pleno derecho y para ello debe garantizarse en la ley, con medidas efectivas, nuestra participación. Los partidos políticos no establecen reglas internas que los obliguen a la paridad con alternabilidad en sus listas electorales, por lo que es necesario, por vía legislativa, obligarlos a hacer realidad la igualdad proclamada en la Constitución. El objetivo es construir una sociedad democrática en la cual, tanto los hombres como las mujeres podamos desarrollar nuestras capacidades y enriquecer nuestra vida familiar y comunitaria, es decir, enriquecer la vida política.

En febrero del año 2004, la Profesora Elida Aponte sometió a consideración del Consejo Nacional  Electoral (CNE), en el marco del artículo 61 de la Constitución, una petición, para materializar, el derecho a ser elegidas en condiciones de igualdad paritaria y alterna. La petición y las acciones  dieron como resultado que el 1 de abril de 2005, el Consejo Nacional Electoral aprobó la Resolución No. 050401-179, resolvió:

“(…) Primero: exigir a las organizaciones con fines políticos, a los grupos de electoras y electores y a las asociaciones de ciudadanas y ciudadanos, a conformar la postulación de sus candidatas y candidatos a los cuerpos deliberantes nacionales, regionales, municipales y parroquiales de forma alternativa y paritaria. Segundo: la Junta Nacional Electoral velará porque las postulaciones de las candidatas y candidatos nacionales, regionales y municipales que realicen las organizaciones con fines políticos, los grupos de electoras y electores, y las asociaciones de ciudadanos y ciudadanas, cumplan los requisitos establecidos en la presente resolución. Tercero: el Consejo Nacional Electoral se reserva el derecho a informar públicamente el incumplimiento de la presente resolución. Cuarto: los supuestos no previstos en esta resolución, así como las dudas que se generen en su aplicación, serán resueltos por el Consejo Nacional Electoral (…)”.

La debilidad de la resolución 050401-179, era que no establecía ninguna sanción a su incumplimiento por lo que se convirtió en un exhorto de buen comportamiento para los partidos políticos.

En fecha 21 de noviembre de 2006, se solicita nuevamente al Consejo Nacional Electoral  una ampliación de esta Resolución  y luego en el 2007 para que el máximo órgano electoral tomara las medidas que aseguraran el cumplimiento de la resolución que consagraba el cincuenta y cincuenta para mujeres y hombres, el 21 de julio de 2008 y con miras al proceso electoral para los Consejos Legislativos regionales, Concejales y Concejalas Metropolitanas y Concejales y Concejalas al Cabildo del Distrito del Alto Apure, el Consejo Nacional Electoral produjo la Resolución  No. 080721-658 en su artículo 16 establecía: “ Las candidaturas para los Consejos Legislativos Regionales, Concejales Metropolitanos y Concejales al Cabildo del Distrito del Alto Apure que se presenten para las elecciones reguladas por las presentes normas, deberán tener una composición paritaria y alterna, de cincuenta por ciento (50%) por cada sexo (…)”. Sin embargo, aunque se establecía con la Resolución la paridad y la alternancia de mujeres y hombres, de manera obligatoria, es necesario tener presente que: 1) sus normas sólo eran aplicables para regular la postulación de candidatas o candidatos a Gobernadora o Gobernador, Legisladora o Legislador al Consejo Legislativo, Alcaldesa o Alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas, Concejala o Concejal al Cabildo Metropolitano de Caracas, Alcaldesa o Alcalde del Distrito del alto Apure, Concejala o Concejal al Cabildo Distrital del Alto Apure y Alcaldesa o Alcalde del Municipio, y  b) sus normas sólo tendrían vigencia para las elecciones a celebrarse en el mes de noviembre de 2008, por lo que era para ese y sólo ese proceso electoral que podía ser aplicada.

Ante la inminencia de la aprobación del Reglamente Número 1 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales por parte del Consejo Nacional Electoral y de cara a las elecciones para elegir Diputadas y Diputados a la Asamblea Nacional a realizarse el 26 de septiembre 2008, en un acto presidido por María León, Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, se solicita de nuevo la igualdad paritaria y alterna, con carácter obligatorio, para ser incluido en dicho reglamento, tal y como fue previsto en la Resolución del 21 de julio de 2008, y que permitió aumentar la participación de las mujeres en los cargos mencionados.  La respuesta del Consejo Nacional Electoral fue débil y en su artículo 45 dice: “Las organizaciones postulantes procurarán establecer mecanismos en la selección de sus postuladas y postulados a los efectos que sus candidaturas a los cuerpos deliberantes tengan una composición paritaria y alterna, de cincuenta por ciento (50%) para cada sexo”.

En otras palabras, el Reglamento, vuelve a la Resolución del 2005 y consagra la igualdad paritaria y alterna como una potestad de los partidos políticos u organizaciones postulantes Contra este Reglamento existen acciones constitucionales, pero las mujeres de los partidos políticos no han protestado públicamente el Reglamento,  ni han exigido la inclusión paritaria y alterna, no han rechazado la expresa exclusión que sus propios partidos hacen de ellas, sometiéndose a unas reglas de juego en el cual resultarán perdedoras y, con ellas, todas las mujeres del país.

Existe además un Proyecto de Ley Orgánica para la Equidad e Igualdad de Género, aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional, presenta aspectos importantes para alcanzar esta legítima aspiración de las mujeres revolucionarias y feministas, el proyecto contempla en su Capítulo VI sobre Derechos Políticos en Igualdad de Condiciones un conjunto de disposiciones que garantizan los principios de igualdad y paridad, tanto para la participación política de las mujeres en general, como en las postulaciones a cargos de dirección de organizaciones sociales, de cuerpos deliberantes en todos los niveles, en los sindicatos y gremios y en los organismos públicos y mixtos. El proyecto contiene también una disposición que se ocupa del tema del acceso a los recursos financieros en igualdad de condiciones que es una de las dificultades principales que afecta la participación política de las mujeres (art. 63). Además exhorta a las empresas privadas a establecer políticas de equidad. Este Proyecto de Ley  fue engavetado y se desconocen las causas de su desaparición.

El poder sigue controlado por el cincuenta por ciento de la población (los hombres), en detrimento del otro cincuenta por ciento (las mujeres). La lucha, es contra un sistema de poder que elaborando estereotipos, asigna roles y crea una jerarquía desigual a tenor de la cual: unos mandan y otras obedecemos.

 Derrotar esa vieja cultura androcéntrica, misógina y patriarcal que aún persiste en nuestra revolución es un reto y una tarea impostergable para todas y todos, esto permitirá la incorporación de  las mujeres  a los cargos electas por voluntad popular y que la actividad política de las féminas no se quede solo en el espacio intermedio entre lo privado y público, es decir, en el trabajo de las organizaciones vecinales, comunales, espacios productivos familiares, que es importante, pero genera otras formas de relaciones de poder que impide materializar el nuevo estado socialista feminista.

Paridad es igualdad!!

Por una democracia paritaria!!

Sin Socialismo no hay Feminismo!!

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